Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, aproximadamente medio millón de españoles en retirada penetraron en Francia. Familias con individuos de tres generaciones, empujando carretones de dos ruedas atiborrados con colchones, utensilios y muñecas, atestaron las carreteras desde Barcelona a Port Bou. Hacia el 5 de febrero los franceses habían contado 170.000 personas, pues hasta esta fecha sólo habían permitido el cruce de la frontera a los civiles. Del 5 al 9 permitieron la entrada a 300.000 soldados a condición de que entregasen las armas en la frontera. Mientras que los gendarmes conducían a los refugiados hacia los campos de concentración improvisados en las playas cercanas a Argelès y St Cyprien, los campesinos franceses los miraban pasar, algunos con lágrimas en los ojos, otros murmurando "sales rouges" (sucios rojos). Los soldados, en su mayoría, mantuvieron la disciplina durante la retirada. Orgullosamente formaban filas y cruzaron la frontera en formación militar. Teniéndose a sí mismos como defensores del Gobierno legítimo de la República y de la democracia mundial, se indignaban de que los gendarmes franceses les cachearan como si fueran una horda de criminales sospechosos. El general Rojo y su Estado Mayor se esforzaron para minimizar la mala voluntad entre la policía y el ejército en desbandada.

Los franceses, con su larga tradición en la concesión de asilo político y conociendo las represalias que los nacionalistas llevaran a cabo en los territorios conquistados por ellos, no vacilaron en concederles refugio, pero estaban completamente impreparados para recibir aquel alud de gente y no deseaban complicar sus futuras relaciones con los vencedores. Los representantes de Burgos, acompañados por oficiales franceses, visitaron los campos para invitar a los soldados ex-republicanos a que se repatriaran. Prometieron que nadie sería perseguido por sus opiniones o por haber pertenecido a organizaciones políticas. Por otra parte, el 13 de febrero, el general Franco publicó un decreto referente a las responsabilidades políticas de todos aquellos que se habían opuesto al "movimiento nacional" por la acción o por la "grave pasividad" desde el primero de octubre de 1934. Esto significaba claramente que todos los funcionarios civiles, jefes de partidos y voluntarios de las milicias que habían apoyado al Frente Popular tendrían que responder de sus actividades. Los veteranos consideraban sus posibilidades mientras camiones y café caliente esperaban a todos aquellos que escogieran la repatriación. A finales de febrero y marzo quizás unos 70.000 hombres cruzaron la Francia meridional para regresar a España por la frontera de Hendaya-Irún.

En Toulouse, Negrín, Del Vayo y Uribe intentaron convencer a Azaña y a sus colegas del Gabinete para que regresaran al territorio aún en manos republicanas, bien para ayudar a una ordenada rendición y evacuación de dicho territorio o para proseguir la lucha, según las circunstancias. Los tres puntos de Negrín no obtuvieron ninguna respuesta de los nacionalistas. El general Franco declaró repetidamente a los representantes británicos y francés que la guerra estaba terminada y que no tenía intención de negociar con Negrín ni con nadie. El 22 de febrero Negrín llegó a la conclusión de que no quedaba otra alternativa que continuar luchando. El general Rojo ya había presentado la dimisión, diciendo que se negaba a pedir al pueblo español que cometiera suicidio. Martínez Barrio, presidente de las Cortes; José Antonio Aguirre, jefe del Gobierno vasco y Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, adoptaron la misma posición que Azaña.

Negrín, acompañado por Álvarez del Vayo y sus ministros, se dirigió en avión a la zona central. El 26 de febrero, en el aeropuerto de Los Llanos, no muy lejos de Valencia, se reunió con los comandantes jefes de lo que restaba del Ejército.

Negrín les dijo que había estado tratando de conseguir una paz honorable por medio de negociaciones, no solo desde la reunión de las Cortes en Figueras, sino en varias ocasiones desde la primavera de 1938. Concluyó diciendo que la República no tenía más elección que resistir. Los oficiales de carrera que habían sido fieles a la República desde el 18 de julio, los generales Matallana, Escobar y Menéndez, eran de la opinión que sería imposible proseguir la resistencia militar. Mientras tanto, el 24 de febrero el general Franco, seguro de la victoria, llegó a un acuerdo con los cuáqueros por el cual la armada nacionalista permitiría que buques cargados de alimentos entraran en los puertos republicanos.

El 27 de febrero Francia e Inglaterra anunciaron su reconocimiento del Gobierno nacionalista. Horas después, Manuel Azaña dimitió, y Martínez Barrio su sucesor constitucional, se negó a ejercer el cargo. La estructura de la Segunda República española se había derrumbado. La gran mayoría de los jefes militares y civiles creían que ya no les quedaban por hacer más que acabar con la matanza y esperar que los nacionalistas fueran misericordiosos con la población después que los dirigentes derrotados se quitaran de en medio. En la zona central, Negrín consideraba su responsabilidad de un modo muy distinto. Sin hacer caso de lo hecho por Azaña (que siempre fue un derrotista), el jefe del Gobierno que había querido la batalla del Ebro no podía rendir la España republicana a un enemigo que negaba toda clase de garantías. En respuesta al pesimismo de los oficiales, habló de la artillería y las ametralladoras rusas que esperaban en Marsella, y de un rumor muy extendido entre los soldados sobre motores de aviación americanos que se suponían en camino.