El punto más álgido de todas es tas protestas tuvieron lugar entre julio y agosto de 1909. Cataluña y especialmente la ciudad de Barcelona, como el núcleo más importante de industrialización de España, contaba con un fuerte y organizado movimiento obrero. El anarquismo (como ejemplo señalar que la CNT, sindicato de carácter anárquico, sería fundada un año más tarde en la Ciudad Condal) tiene una fuerte implantación en todo el territorio en contra de lo que sucedía en el resto del Estado, donde el sindicalismo de raíces socialistas marxistas era ampliamente mayoritario. Como escribe Raymond Carr en su libro "España 1808-1975": "La tradición asociativa de Barcelona parecía más acomodable a la alianza socialista que a la anrquista. ¿Por qué entonces, arrolló el anarcosindicalismo esta tradición? La inmigración en los estratos inferiores de las clases trabajadoras, procedentes de las zonas violentas y atrasadas del Sur, el contacto de un gran puerto, la persistencia de una industria pequeña que [...] favorecía el anarquismo, y junto con todo ello, la existencia de apretados barrios obreros en el interior de una ciudad rica, constituía un abono fértil para la violencia revolucionaria."

Una nueva torpeza estaba a punto de desatarse por parte del gobierno, en palabras de Carlos Seco Serrano en su libro "La España de Alfonso XIII": "la dureza de esta [refiriéndose a la represión] procedió sin duda del hecho de haberse situado bajo jurisdicción militar la liquidación de los sucesos. De una parte, porque la misma Ley de Jurisdicciones (1) llevaba al Código de Justicia Militar la sanción de los delitos "contra la Patria y el Ejército"; de otra, porque, habiendo sido el origen de la revolución barcelonesa la reacción ciudadana contra la movilización de las reservas que habían de acudir a la guerra de Melilla, se la calificó de "rebelión militar"" . Pues bien, la falta de previsión a la hora de controlar a los tribunales militares y sus excesos a la hora de juzgar los hechos colocó al partido conservador de Maura entre las cuerdas.

Todos estos acontecimientos, sumados a lo que estaba pasando en la impopular guerra de África motivó que mucha de la sociedad intelectual española se decantara, como no, en dos bandos. Mientras que voces tan cualificadas como la de Pérez Galdós se decantarían firmemente ante una "guerra colonial": "[...] ya es hora de oponer a los atrevimientos de nuestros gobernantes algo más que el asombro seguido de resignación fatalista, algo más que las maldiciones murmuradas, algo más que las protestas semejantes a cohetes que estallan con luces y ruidos, apagándose al punto en cobarde silencio. Forzoso es que alguien, sea quien fuere, clame ante la faz atónita del pueblo español, incitándole a contener enérgicamente las insensateces de los que trajeron la guerra del Rif" , otros intelectuales como "Azorín" la apoyaron sin condiciones: "Estamos en tiempos de guerra. Nada hay más alto, más supremo que la fuerza. Seamos fuertes. Brillen las espadas y retumbe largamente el cañón" (este texto puede encontrarse en el diario ABC de 3 de agosto de 1909).

Las consecuencias finales de la Semana Trágica son bastante sencillas de prever, la búsqueda de responsabilidades por lo acontecido se dirigió tanto al nacionalismo catalán como al republicanismo anticlerical de Alejandro Lerroux, quien, de hecho y para ser ciertos, se había negado firmemente a prestar su apoyo a la instauración de la forma de gobierno republicana que respaldaba algunos de los sublevados. Si ciertamente se quemaron iglesias fue porque el pueblo asimilaba y estaba cansado de ver como constantemente las altas -e incluso en algunas ocasiones, las bajas- jerarquias de esa institución se decantaban siempre en el apoyo de las clases privilegiadas. En 1909 la Iglesia era la más firme valedora de la burguesía.

(1) La Ley de Jurisdicciones era consecuencia de los sucesos de 1905; después de una elecciones municipales los doce candidatos de la Lliga Regionalista resultaron elegidos en Barcelona, para celebrar el triunfo del partido se preparó una comilona en la ciudad condal llamada "el banquete de la victoria". La revista satírica del momento en Cataluña llamada "CU-CUT" y un semanario muy afín a la Lliga -LA VEU DE CATALUNYA- atacaban sistemáticamente, en ocasiones de forma grotesca, a las instituciones españolas, en especial al ejército. Al día siguiente del "Banquete" el CU-CUT publicó una caricatura en la que un oficial de caballería preguntaba a un transeunte. "¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente?. "El Banquete de la victoria" , respondía aquel. "De la Victoria -decía el oficial- ¡Ah, vaya! Serán paisanos."

El profesor Pabón escribe al respecto : "Todo hace suponer que el semanario ni buscó el escándalo ni previó las consecuencias. El dibujo era pequeño y apareció colocado en un lugar cualquiera de las planas interiores... [...] el pequeño dibujo desencadenó una gravísima crisis en la vida pública española." La crisis vino como consecuencia de los militares de la guarnición de Barcelona que destrozaron la imprenta del CU-CUT y los locales de la redacción, después le tocó a la VEU DE CATALUNYA. Pero esto no era fruto de un día o de un dibujo más o menos acertado, meses antes un artículo publicado en "La Correspondencia Militar" decía así: "Los catalanes, cuya aspiración esencial es el separatismo, no pueden ni deben ser tratados como los demás ciudadanos españoles" Básicamente se fomentaba la idea que desde España se podía juzgar el catalanismo y que el juez debía ser el ejército. Las presiones llegaron ase tan fuertes y los ruidos de sables tan cercanos que se presentó inmediatamente a las Cortes un proyecto de ley, por virtud del cual, quedaban sometidos a la jurisdicción militar "cualquiera delitos contra la patria y el Ejército." Esa era la Ley de Jurisdicciones.

Aunque tuvo sus detractores, en la Cámara Baja Melquiades Álvarez apuntó: "[...] ¿Se pretende que un tribunal militar nos inspire más confianza que un tribunal ordinario? Es inútil que entendamos que es el Ejército el que ha de juzgar y penar los delitos que contra el Ejército se cometan. Siempre que una clase social, que un grupo, que una institución ha monopolizado la justicia han surgido muchedumbre de desenfrenos e iniquidades..." También Unamuno se opuso frontalmente: " [...] Corremos el riesgo que implica convertir el patriotismo en monopolio del Ejército. [...] En cuanto se haga a los militares especialistas en patriotismo; en patriotismo, que debe ser lo más general y más común en la nación, el sentimiento patriótico empezará a falsearse y a debilitarse, haciéndose patriotería. [...] Todos los militares son ciudadanos; no todos los ciudadanos, sí una pequeña minoría de ellos, son militares..."

(2) Melquiades Álvarez sostendría: " [...] el delito de rebelión militar exige que la rebelión se ejcute por militares o que esté mandada por militares, o que haya partidas militarmente organizadas con una organización similar a la de las tropas regulares. Como aquí no concurrieron ninguna de estas circunstancias, castigarlo como rebelión militar es cometer una infracción de ley; primero, atribuyéndoles competencia que no pertenece al fuero de guerra; segundo, castigando con una pena grave un delito que merecía una pena más leve."

(3) El nuevo gobierno de Moret no tardó en caer, los ascensos militares por méritos de guerra que habían sido suprimidos reaparecieron tras la campaña de 1909. Algunos militares que no estaban de acuerdo con esa política se quejaron, era un lejano precedente de las Juntas de Defensa. Una guarnición en Madrid se levantó en contra de las recompensas obtenidas por la Guerra de Melilla y decidió manifestarse. Moret quiso reprimirla y ordenó al capitán general de Madrid que la evitase. Como esta se produjo y el mando militar no hizo nada por contrarrestarla fue destituido y los manifestantes arrestados. La crisis llegó al Parlamento cuando el capitán Pignatelli, a pesar de ser diputado en las Cortes, fue arrestado. La crisis que se abrió tras el conflicto contribuyó a la caída de Moret.