Universidad de Barcelona de Geografía e Historia  

 

 
 

 

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      ATRÁS.  
 
 
  RESPONSABILIDADES.  
 

Los resultados de "lo de Marruecos" desde 1909 a 1922 fueron nefastos en todos los ámbitos de la sociedad española, el ejército fue humillantemente derrotado por un grupo de indígenas a los que no se les había considerado enemigos, la corona fue puesta en entredicho por su "participación" en el desastre, los políticos perdieron toda su credibilidad ante el rumbo tomados por los acontecimientos, pero sin duda a los que más afectó la tragedía africana fue a aquellos que eran el alma de la aventura española en el continente negro, las clases sociales más económicamente débiles.

La Ley de Reclutamiento de 1912 permitía redenciones a los cinco o diez meses de servicios gracias a unas cuotas de 1.500 a 2.000 pesetas (una auténtica fortuna en el momento), esta ley solamente protegía, como es lógico, a las familias pudientes. Según palabras de Nuria Salas, eminente investigadora de este periodo histórico: "Los oficiales de carrera pagaban la academia miulitar de los hijos que querían seguir la profesión del padre, pero pagaban la redención de los otros hijos que eran llamados a filas", lo que convertía a las cuotas en un "impuesto de sangre para los pobres".

La única forma para escapar de un reclutamiento forzoso para los considerados "económicamente débiles" -o lo que es lo mismo, el 99% de la población española que entraba en quintas- consistía en alegar en la "Caja de Reclutas" algún tipo de enfermedad o malformación que pudiera excluirles del viaje a Marruecos, o bien la emigración a otra zona de la península, con lo cual los mozos eran considerados como prófugos -que siempre resultaba mejor que a uno le consideraran desertor si ya se había presentado-.

Como ejemplo podemos señalar que en el año 1923 de 238.052 mozos de reemplazo, casi un 28% fue excluido y cerca del 17 declarado prófugo, lo que provocó que el contingente útil que finalmente pudiera prestar servicio se limitara a poco más del 55%, o lo que es lo mismo, 134.410 hombres.

De esta manera el país volvió a dividirse una vez más en dos bandos, los que apoyaban una política procolonial (que curiosamente y en la mayoría de los casos, eran los que no mandaban a sus hijos a África) y las clases medias y bajas, que apoyados por sectores de izquierda se oponían a seguir mandando tropas y pedían la presta retirada de Marruecos.

En abril de 1922 se reunieron en la ciudad de Madrid las familias de más de 35.000 soldados para pedir al gobierno español que repatriara las tropas inmediatamente. Manifestaciones similares se repitieron en otras ciudades del Estado. El 4 de agosto puede leerse en el periódico EL SOCIALISTA: "La voz del pueblo llega pidiendo: castigo a los responsables, repatriación del ejército, abandono total del territorio marroquí." El resto de los periódicos rotulan textos similares.

El Gobierno impone la censura de prensa, esto hace que se se levanten fuertes protestas por la prohibición ejercida por orden del ministro de la Gobernación, especialmente cuando el pueblo conoce que no se dará conocimiento de la lista de bajas.

En Alicante, el dirigente político republicano y anticlerical Alejandro Lerroux se dirige de esta manera a sus oyentes: "Hay derecho a que el pueblo se levante como un solo hombre y pregunte al Rey: ¿Qué has hecho con mis hijos?, ¿Qué has hecho con mis caudales?... Ningún artículo de la Constitución nos priva de presentarnos ante el monarca para decirle: Señor, para los males de la patria sois incompatible puesto que, después de tantos años, no habéis conseguido hacer su bien. Ello evidencia que la obra es superior a vuestras fuerzas, y por ello os pedimos la abdicación".

Mientras tanto en Cataluña durante las manifestaciones contra la guerra que se celebraron en diferentes ciudades del Principado tras "el desastre de Annual", se abucheaba sistemáticamente a la bandera española o cualquier símbolo que pudiera recordar al Estado y se aclamaba jubilosamente a la recién nacida República del Rif, incluso se envió un mensaje oficial de solidaridad dirigido al propio Abd-el-Krim. El nacionalismo catalán comenzaba a ser considerado desde España como algo muy peligroso.

El nuevo ataque que se produjo sobre las posiciones españolas por parte de los rifeños en el año 1923 colocó al gobierno del Estado en la "cuerda floja", por un lado se necesitaban más tropas para asegurar la supervivencia de Melilla, por otro, se trataba de no mandar grandes contingentes de soldados por temor a una revuelta populat generalizada similar a la ya acontecida años atrás en Barcelona en la llamada "Semana Trágica".

En Málaga los soldados se niegan a embarcar rumbo a África, los soldados se sublevan y matan a un sargento que trata de obligarlos a subir. El cabecilla del motín es condenado a muerte pero el gobierno le conmuta la pena debido a la presión popular.

El pueblo ya no solo se conformaba con que se suspendieran temporalmente los envios de tropas al protectorado, incluso le daba hasta cierto punto lo mismo que se abandonaran aquellas tierras de África, lo que ahora quería era buscar a los "responsables" directos de que más de 10.000 soldados españoles hubieran muerto a manos de un ejército indígena que no sobrepasaba los 3.000 hombres. La prensa, los partidos politicos e incluso amplios sectores militares empezaron a exigir castigo para los responsables.

En cuanto a los costes militares veamos lo que argumentó el diputado Aunós en el Congreso: "Según el presupuesto de Guerra francés, resulta que sosteniendo Francia al ejército del Sarre, Túnez, Argelia y Oriente, corresponde por cada ciudadano francés 24 francos. En España, sin el ejército de Marruecos, paga cada ciudadano 30 pesetas, o sea, unos 58 francos. En Suiza, la proporción de cada ciudadano es de 17 francos... No quiero considerar lo que signifícaría esta estadística si a ella uniéramos los gastos de Marruecos, porque entonces el porcentaje que correspondería a cada ciudadano sería tan abrumador que hasta, tal vez, dudarais de que fuese una realidad".

Por otra parte, esa sangría que se convirtió la presencia española en Marruecos fue doble desde el primer momento de la presencia española en África, a la de pérdida de vidas humanas había que añadir la económica, el presupuesto de Guerra, incrementado durante cada periodo anual, era la causa directa del déficit de cada año fiscal (ver tabla).

El gobierno optó entonces por bajar los sueldos de los oficiales peninsulares, estos se encontraron ante una situación un tanto delicada ya que sus sueldos no les daba para vivir y menos para mantener una familia. La única salida que les quedaba era marchar a Marruecos, donde a los generosos ascensos por méritos de guerra se unian unos sueldos más elevados.

Las Juntas Militares, fundadas en enero de 1917 (aunque tienen un precedente en la fundada adelantadamente en Barcelona en 1916), y creadas por oficiales, en su mayor parte provenientes de infantería y caballería, se oponían directamente a los bajos salarios (todos los funcionarios del Estado tenían sus sueldos congelados desde 1914) mientras la inflacción aumentaba, se postulaban contra los generales y políticos y muy especialmente en contra de los militares llamados "africanistas", a los ascensos por méritos de guerra y a esa nueva casta palaciega que estaba germinando en África. Como se ha venido a decir en diferentes ocasiones: "el movimiento de las juntas era un pronunciamiento pacífico dentro del concepto de la disciplima militar". Fue una protesta de la oficialidad ya que sus partidarios se encontraban por debajo del grado de Coronel, una protesta que en principio trataba de paliar lo ocurrido en 1906, donde por el deterioro del parlamentarismo el poder quedó prácticamente en manos de Alfonso XIII y en su grupo de militares cortesanos, lo que convirtió al ejercito casi en un cuerpo político que evitó cualquier posible reforma interna para hacerlo más eficaz.. Las Juntas encontraron eco entre la oposición, la prensa, algunos intelectuales y el propio rey Alfonso XIII.

El gobierno de García Prieto acabó por caer ante la presión de las Juntas Militares de Defensa y su sucesor, Eduardo Dato , se vio obligado a aceptar su existencia. Incluso fueron utilizadas, de alguna manera, para combatir la huelga general de agosto de ese mismo año. Las Juntas perdieron poco a poco su carácter de subversión del régimen, especialmente debido a la labor del ministro de la Guerra Juan de la Cierva y Peñafiel, ya que las mismas al no admitir generales entre sus miembros apoyaron decididamente a un testaferro civil en el ministerio.

Aunque ciertamente el nuevo ministro no se plegó a todas las exigencias revindicadas por los "juntistas" si que mejoró los salarios de los militares y prometió la tan ansiada reforma militar. "La idea que los inspira [a los miembros de las Juntas] no puede ser más noble y elevada. No se pide más que justicia y ética en los que manejan el ramo de la Guerra, e influyen en sus decisiones".

En cambio, de la Cierva, expulsó sin miramiento del ejército a los suboficiales que habían formado Juntas como las de sus jefes ante el temor, realmente sin ningún tipo de base, a que estuvieran preparando una revolución del tipo del que había sufrido Rusia recientemente.

La "reforma" se quedó anclada en la Ley de Bases de 1918 donde se regulaba los ascensos. Las juntas se mantuvieron activas hasta el año 1922, en esa época perdieron el rumbo y se dedicaron a derribar gobiernos, intrigar secretamente en los cuarteles y crear "grupitos" de ambiciosos militares que se enfrentaban a otros, no menos ambiciosos, codiciando y luchando por el poder, pero los que habían nacido como un intento de defender el "status moral" militar, olvidaron y traicionaron rápidamente sus ideas básicas de reformar y regenerar el ejército profundamente.

Si esa reforma hubiera llegado por la presión de las Juntas de Defensa en 1917 muchas cosas hubieran cambiado en el futuro del ejército y en el muchas vidas que se perdieron en el camino. Desgraciadamente la tan esperada reforma, que debiera haberse comenzado a realizar decadas atrás, nunca llegó, y las cosas continuaron igual, cuando no peor. Los más perjudicados, como siempre, fueron los soldados, en los cuarteles del cuerpo expedicionario del protectorado subsistía en barracones viejos y ruinosos, mal comían y no tenían ni la ropa ni el material adecuado.

     
   
     

El propio general Dámaso Berenguer escribía este informe al gobierno: "Para las marchas se usa la alpargata, que si en verano es buena, en las épocas de lluvia y frío no sirve, pues se queda en el barro de los caminos y no es raro que algún soldado, al perderla, tenga que marchar descalzo. La situación de los fondos de material es tan precaria que no permite tener todas las prendas de abrigo necesarias. La ración se cuida por todos con el mayor esmero, pero hay que reconocer que con el precio que hoy alcanzan las subsistencias no es posible dar a los ranchos ni la variedad ni la abundancia que en otros tiempos. En lo referente al material, una inspección, por ligera que fuese, nos haría formar un concepto más desconsolador aún. En los fusiles y carabinas en servicio hay una gran proporción de descalibrados; el material de ametralladoras rara vez está completo y es defectuoso, muchas no funcionan desde los primeros disparos... La aviación no puede rendir todo lo que de ella cabía esperar, porque, generalmente, es muy escaso el número de aparatos en vuelo; la munición defectuosa y escasa: este año no hemos podido disponer de bombas incendiarias. Las escuadrillas, especialmente las de Tetuán, incongruentes, pues en seis aparatos que posee hay tres modelos distintos, y en el mismo modelo Havilland hay dos sistemas, que no pueden intercambiar sus piezas".

Según palabras del historiador Esteban Coca, palabras que bien podrían certificar las de Berenguer: "En 1920 España mandó un ejército a Marruecos sin tanques, sin fusiles modernos, donde solamente la mitad de los hombres llamados a filas podían ser correctamente alimentados y adiestrados y donde ni siquiera contaban con hospitales decentes donde pudieran ser atendidos en caso de caer heridos o enfermos. Un ejército en esas condiciones estaba condenado al fracaso".

La prensa tomo conciencia del problema después del desatre de Annual y cada día apuntaba en sus páginas las historias escalofriantes de compañias de soldados que habían sido abandonadas por sus mandos para escapar hacia Melilla. La opinión pública indignada reclamaba "responsables" a los que juzgar, el gobierno trató de dar carpetazo al asunto pero la cosa había llegado demasiado lejos y había sido lo suficientemente grave como para tratar de ocultarla y en el Congreso y Senado se repetían constantes preguntas sobre la tragedía.

El general Cabanellas fijaba las bajas del "Desastre de Annual" en 10.000 cadáveres, Tuñón de Lara puntualiza: "[...] se perdieron 12.981 hombres, 14.000 fusiles, 100 ametralladoras, 115 piezas de artillería" , Furneaux, en su obra sobre Abd-el-Krim, apunta, con cierta exageración, que: "[...] desde la captura de Abarrán, el 31 de mayo, los españoles habían perdido cerca de 18.000 hombre, virtualmente un ejército entero" . Como vemos las cifras de las pérdidas bailan un poco, el gobierno reconoció cerca de 10.000 muertos y casi 3.000 heridos ( ver tabla ), tal fue el doloroso balance del "Desastre".

La primera vez que se utilizó el término "responsabilidades" en el Congreso fue el 3 de marzo de 1922 por el procurador republicano Nougués, quien se dirigió directamente al Ministro de la Guerra pidiendole que se trajera a la cámara el "expediente Picasso", tal y como se había prometido. Este expediente había sido ordenado por el ejecutivo para depurar los posibles errores que hubieran podido ocurrir en "el desastre de Annual."

Nougués interpeló de esta manera: "A raíz del desastre se distinguia entre los que habían cumplido y los que no habían cumplido con sus deberes, ya que se confunden los unos con los otros... La interpelación volverá a llevar la calma a los militares que se están batiendo bravamente, y que ven con qué calma se está tramitando la causa, y que mucha gente que merecía estar en presidio está disfrutando todavía de prebendas en aquel territorio... Yo tengo la seguridad de que saldrá su señoría del ministerio, vendrán otros ministros de la guerra y con este expediente ocurrirá lo mismo que con los de las responsabilidades por la pérdida de Cuba y Filipinas, que no se han terminado y que no se terminarán. Estoy seguro de ello".

Los periódicos del momento apoyaban decididamente esa depuración de la cúpula militar, aunque no se conformaban solamente con ella y pretendian extenderla a todos los implicados.

Las palabras del procurador Nougués no fueron más que el punto de partida a una abalancha de críticas y ataques directos contra el gobierno. A medida que pasó el tiempo las posiciones se radicalizaron más y las críticas se volvieron más incisivas.

Ante las críticas que sufrió el alto comisario de España en Marruecos, el general Berenguer, y la velada acusación que el "Informe Picasso" tratara de deducir interesadamente sus responsabilidades en el desastre, el ministro De la Cierva increpó así a la oposición: "Creí que el interés supremo de la Patria exigía mantener al digno Berenguer, Jefe del Ejército, cuya pericia había apreciado el Gobierno que se acababa de constituir, como lo había apreciado el anterior... No podíamos enervarlos con una información sobre sus actos personales y sus responsabilidades, que él no se hallaba en Melilla cuando los actos ocurrieron, y que de todas formas el camino de la justicia nunca quedaría cerrado".

Estos intentos gubernamentales de salvaguardar la imagen del general Berenguer no logró plenamente sus objetivos e incluso levanto más las sospechas de la oposición sobre la veracidad del "Informe Picasso", esas sospechas se confirmaron cuando la oposición consiguió partes del informe, de manera extraoficial, partes en donde se cuestionaba la incapacidad de Berenguer y se le reprochaba directamente su "incapacidad" a la hora de ordenar el protectorado.

El resultado de las filtraciones motivó la dimisión inmediata del Alto Comisario sustituido por el Capitán General Ricardo Burguete, que había desempeñado un importante papel en el desarrollo del "Informe Picasso".

El Consejo Supremo de Justicia Militar continuó investigando sobre las neglicencias militares en el protectorado. El de 3 de octubre ya se habían presentado acusaciones contra 80 oficiales (de los cuales solo 9 ocupaban puestos de mando). Esto no satisfizo a la opinión pública que temía que finalmente solamente se castigara a "el último mono, a un oficial o a un jefe desgraciado" . Los grupos políticos envalentonados por las exigencias populares no solo se conformaron con eso y exigieron que se llevara a cabo una investigación completa de los actos del gobierno y en especial de la intervención del Rey en los acontecimientos.

Alfonso XIII tampoco hizo nada inteligente para aplacar los ánimos y fue muy criticada su intervención en una comida militar donde se dirigió a a los comensales proponiéndoles imitar el espíritu de unidad del ejército alemán, que había sabido mantener su cohesión después de una gran derrota militar (la Primera Guerra Mundial). Pidió a los militares presentes que recordaran su juramento de fidelidad al soberano y les aseguró que mientras estuvieran unidos al trono nada debían de temer.

Estas palabras fueron entendidas por algunos sectores políticos como una clara señal que todo se iba a tapar y que finalmente los militares no sufrirían de ningún tipo de responsabilidad por lo acontecido en África.

El gobierno, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, trató que el soberano diera un golpe de efecto a su favor para mitigar su impopularidad y que por Real Orden disolviera a las corruptas y manipuladoras Juntas Militares. Según comentarios del propio ministro de la Guerra: "El rey se llenó de alegría y aceptó" . Sin embargo las Juntas no llegaron a desaparecer en el sentido literal de la palabra, sino que lo ocurrió es que fueron integradas al Ministerio de la Guerra.

Finalmente, en julio de 1922 se reúne el Congreso para proceder al nombramiento de una comisión de diputados que se dediquen al estudio del "Informe Picasso", la formarán Alcala-Zamora por los liberales y reformistas, Prieto por los socialistas y Sánchez de Toca por los conservadores.

El plan de trabajo dispuesto es el siguiente:

1- Buscar responsabilidades ministeriales, en caso que las hubiera.

2- Comprobar si los Tribunales Militares habían obrado de una manera eficaz, o por el contrario, habían tratado de actuar por corporativismo, salvaguardando a militares que no hubieran obrado correctamente.

3- Conclusiones y enseñanzas sobre los sucedido para cimentar un plan futuro de actuación en el Protectorado.

En noviembre de 1922 los diputados que integraban la comisión se presentaron ante la Cámara para presentar sus informes. Prieto culpó directamente al ejército de incapacidad y de ser el responsable directo del "Desastre", en el terreno político consideró que desde 1900 hasta 1921 todos los gobiernos españoles habían tenido su parte de culpa en lo acontecido. Finalmente pidió al Congreso que:

1- Separar del ejército al general Dámaso Berenguer a la espera de futuras responsabilidades.

2- Separar a su vez del ejército al general Felipe Navarro, jefe de la Defensa de Monte Arruit y prisionero de Abd-el-Krim en ese momento, si cuando recobrara su libertara no demsotrara su inculpabilidad.

3- Lo mismo con el coronel Araujo, en la misma forma que con el general Navarro.

4- Declarar responsables a don Manuel Allendesalazar, Julio Wais, Joaquín Fernández Prida, Mariano Ordoñes, Francisco Aparicio, Juan de la Cierva, que formaban el gobierno responsable cuando vino la catástrofe.

5- Formular identica declaración en cuanto a los señores Antonio Maura, Manuel González Hontoria, José Francos Rodríguez, Juan de la Cierva,Francisco de A. Cambó, César Silió, José Maestre y Leopoldo Matos que constituyeron gobierno el 14 de agosto de 1921.

6- Clausurar inmediatamente las Academias Militares.

7- Disolver el cuerpo de Intendencia Militar y derogar la Ley de Jurisdicciones.

Alcalá-Zamora siguiendo la misma fórmula que Prieto y presentó sus conclusiones a la Cámara

1- Habiendo llegado las fuerzas de la Comandancia de Melilla, en la primavera de 1921, al límite máximo de su elasticidad era absolutamente preciso consolidar el dominio de la zona ocupada antes de pensar en nuevos avances.

2- Falta de política decidida en relación con los indígenas, que precediera a la acción de las armas.

3- Ausencia de un plan meditado y desorganización y diseminación de las fuerzas en la zona de Melilla.

4- Conocidos los irreflexivos proyectos de nuevos avances del Comandante General, faltó la decisión de impedirlos.

5- Siendo evidente el desacuerdo entre los dos generales de Melilla, el Gobierno dejó a cada uno realizar sus iniciativas sin coordinación alguna. Los hechos de Abarrán no sirvieron de advertencia.

6- Los refuerzos que llegaron de la península estaban en tan pésimas condiciones que fueron ineficaces.

Sus conclusiones fueron las siguientes:

1- Voto de censura con tra el Gobierno que ejercía en julio de 1921, especialmente contra el Ministro de la Guerra.

2- Cambio de orientación en la política seguida en el Protectorado.

3- Información al Parlamento sobre las cantidades gastadas en Marruecos en la reorganización y mejoras del ejército.

El tercer dictamen fue, como es de comprender, el más conservador de todos. Sanchez de Toca dividió sus consideraciones en tres capítulos. En el primero estudiaba las responsabilidades ministeriales, donde no encontró ninguna que atribuirle ya que argumentó que el desastre fue de carácter militar y que las previsiones: "[...] quedaron fuera del alcance del ministro de la Guerra y de todo el Gobierno, a pesar de haber puesto la diligencia exigida por la trascendencia del asunto".

El segundo capítulo se centra en los Tribunales Militares ya que habían sido puestos en duda por su corporativismo. El representante de los conservadores Sanchez de Toca consideraba que eran el lugar adecuado para realizar los actos de justicia que el pueblo esperaba, por lo que pidió al Gobierno todo tipo de facilidades.

El tercer capítulo se centraba en la experiencia sacadas del "Desastre". Siguiendo su línea Sanchez de Toca apuntó recomendaciones y no críticas: "[...] Era necesario utilizar de mejor modo las tropas indígenas" . Creía oportuno crear un ejército voluntario y especializado para luchar en África y aconsejaba el desarme de las cábilas.

Sus conclusiones eran esperadas:

1- El gobierno no tuvo ninguna responsabilidad.

2- Aconsejaba una reorganización político y militar del Protectorado.

3. Que el Congreso confiase al gobierno la práctica de una información de gastos en Marruecos.

Después de ser escuchados la Cámara pasó a votar las pretensiones que el señor Prieto había formulado a la misma para que tomara determinación inmediata, sus exigencias fueron rechazadas por 145 votos contra 7.

En el mes de diciembre se cerró la Cámara pues concluía la legislatura no volviendose a abrir hasta el 23 de mayo. Un grupo de diputados leyó ese día ante el Congreso la siguiente proposición "no de ley", que fue aprobada: "Después del examen del expediente Picasso realizado por una comisión del Congreso en la última legislatura, las fuerzas políticas que hoy ocupan el poder, y a cuya significación responden los Diputados que suscriben, sostuvieron que cabe atribuir a determinados componentes del Gobierno de julio de 1921 una responsabilidad en el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla, exigible en el orden político... [...]... para que las demandas del país sean satisfechas, cabe pensar en un mayor acopio de elementos de juicio, no limitándose exclusivamente a lo que por su carácter militar los reducía el expediente que el anterior Congreso examinó.

PROPOSICIÓN.- 1º La Cámara eligirá una comisión de 21 diputados, que después de examinar todos los expedientes, documentos y datos que estime necesario solicitar del Gobierno... [...] y después de practicar todas las informaciones que estime convenientes, determinará en el plazo de veinte días sobre la conveniencia de que se formule una proposición de acusación ante el Senado contra las personas que hayan contraído responsabilidades con motivo de la acción de España en Marruecos, o propondrá aquellas otras declaraciones que entienda que el Congreso debe pronunciar".

En el segundo aniversario del desastre los periodicos del momento continuaban con sus comentarios al respecto, recalcando que en dos días se había perdido lo que se ganó en doce años y que, desde el año 1921, los sucesivos avances no habían ocupado los territorios anteriores al "Desastre".

En el ejército, los jovenes oficiales exigían que fuese salvaguardado el honor del país y del ejército mediante la reconquista del Protectorado, comenzándose a escuchar comentarios a favor de hacer algo similar a lo que los italianos habían realizado en su país, la "Marcha sobre Roma" de 1922 y que acabó con Mussolini en el poder, para acabar con los denominados políticos enemigos de la milicia, tanto es así que el Gobernador Militar de Melilla aconsejó al Ministro de la Guerra abandonar las investigaciones del "Desastre".

A todo esto había que sumar una corriente postulada por amplios sectores de la población española que pedían al gobierno que España abandonara el Protectorado definitivamente pues no había sido rentable ni en vidas ni en dinero, por otra parte, el ejecutivo se encontraba presionado por las posturas militares que estaban radicalmente en contra de abandonar la zona.

No cabe duda que la acción de España en Marruecos estaba resultando costosísima, y un gran porcentaje de responsabilidad lo tenían los gastos militares. Pero aunque éstos fueran pequeños, hablando comparativamente, el desembolso total seguía siendo más fuerte que el de Francia. Podríamos buscar razones de diferente índole que explicaran esa descompensación, sin embargo objetivamente solamente se puede argumentar que, como ha sido demasiado común en la historia de España, se malcopió a Francia.

Martínez Campos fue muy explicito en sus consideraciones al respecto: "Yo soy, hasta cierto punto, partidario de la copia; pero de una copia bien hecha, no de una copia que parece una caricatura. No tenemos la misma capacidad en nuestros funcionarios [...] Francia puede tener una corte Jalifiana con un lujo grande, porque así corresponde a la importancia del territorio y de la población; Francia puede tener un Alto Comisario de elevada categoría y un Secretario General y un Jefe del Ejército que sea teniente general. Pero una de las cosas más burdas que ocurren en nuestra zona es que, teniendo una pequeña extensión, con escasa población que asciende a unos 600.000 habitantes, tratemos de llevar a cabo una monstruosa organización parecida a la que lleva Francia para una zona veinte veces mayor y con una población diez veces más grande".

Y ciertamente no andaba demasiado desencaminado en sus considereaciones, entre 1922-1923, por solo poner un ejemplo, España tenía desplazados a su Protectorado a 76.360 hombres, de los cuales 3.995 eran oficiales y los restantes, 72.365, tropa. Pues bien, en ese mismo espacio de tiempo para un Protectorado que multiplicaba al español casi por veinte, los franceses tenían destacados 2.332 oficiales y 81.190 soldados, o lo que es lo mismo, entre ambos protectorados solamente había una diferencia de poco más de 7.000 militares en favor del galo.

El político Cambó argumentaba así su posición de abandonar el Protectorado: "Nosotros no buscamos territorios, ni buscamos vender productos, ni colocar emigrantes, pues nos falta gente en España [...] ¡ El estrecho de Gibraltar ! ¡ Se cuidará Inglaterra de mantener libre el Estrecho ! [...] Estamos en Marruecos, no porque hayamos querido, sino porque nos han obligado a ello [...] porque Inglaterra no puede consentir que allí esté situada una potencia que pudiera cerrarle la libertad del Estrecho".

Había otro aspecto que la mayoría de los grupos políticos pedían que se investigase profundamente, no solamente los actos del gobierno -que desde el primer momento habían sido puestos en entredicho- o de la incapacidad más que manifiesta de los militares a la hora del "Desastre", el objetivo era mucho más atrevido, apuntaban mucho más alto, a la intervención directa del Rey en los acontecimientos.

Marcelo Domingo escribió en 1923 en el periódico "El Liberal" el siguiente artículo: "Desde lo más alto a lo más bajo dentro del Estado y en quienes han donado o disfrutado el Poder, todos cargan al ejército la culpa por haber frustrado y corrompido la empresa que después de la pérdida de América quiso continuarse en África [...] Pero el máximo responsable es quien metió a España en África, y ya en África, quien convirtió el problema en algo exclusivamente militar".

Se sospechaba que el general Silvestre, intimo amigo del rey Alfonso XIII en ese momento, había sido inducido por el soberano durante una estancia del general en Madrid para que avanzara presto hacia Annual y rompiera, desoyendo cualquier otra consideración, el territorio del Rif, avance que posteriormente acabará en el ya conocido "Desastre".

Alfonso XIII, en su descarga, comienza de esta manera uno de sus dircursos frente a un grupo de militares: "No quiero entrar a examinar la situación actual. Respecto a ella solo diré que yo he jurado la misma bandera que vosotros y he ratificado este juramento ante la más alta representación de la Patria, que son las Cortes, con la mano puesta en los Evangelios".

Con estas regias palabras parece que el soberano trata de subrayar y hacer evidente el hecho de que su juramento de fidelidad le compromete a la vez que le impide traicionar a las Cortes, "la más alta representación de la Patria" , por lo que su participación en la acción que emprendió Silvestre no es tal, nada tuvo que ver con lo que el general hiciera en Marruecos, tratando de iniciar con este dircurso una política apaciguadora y que descargara de su figura cualquier sospecha de traición.

Quizás nunca se conozca completamente el papel exacto representado por Alfonso XIII en lo ocurrido en África. Ricardo de la Cierva escribe en su libro "Acoso y derribo de Alfonso XIII" al respecto: " [...] Alfonso XIII volvió a cumplir la nefasta ley histórica que venimos observando; expulsado de España en 1931 llegó a quejarse de que un sector relevante de los monárquicos intentaban suplantarle por su hijo y sucesor don Juan de Borbón, y no le faltaba razón. Murió fuera de España y del trono, en Roma. Como su padre Alfonso XII y su madre la reina regente María Cristina de Austria, Alfonso XIII no fue un rey corrupto, aunque fue acusado reiterada y falsamente de serlo".

El historiador Abraham Reolid apostilla al respecto: "No creo que sea acertado señalar a Alfonso XIII como un rey corrupto, posiblemente sería más correcto tildarlo de inconsciente y de poco capacitado. Cuando aceptó sin oponer ningún tipo de resistencia la dictadura de Primo de Rivera traicionó al pueblo, un pueblo que realmente lo quería y un pueblo que no se lo perdonó y acabó por expulsarlo del trono. En cuanto a su participación en las "locuras africanas de Silvestre", parece estar más que probado que tuvo en ellas demasiado que ver, sin embargo debemos considerar que tuvo que ser realmente dificil, por no decir imposible, que el gobierno no se enterara de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas, y eso le hace partícipe indirecto al permitir que el soberano se inmiscuyera en asuntos que no eran de su regia competencia".

El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado para el que contó con el respaldo del Ejército y el "consentimiento" del propio rey Alfonso XIII. El periodo en que Primo de Rivera ejerció el poder en España, durante el cual se suspendió la vigencia de la Constitución de 1876, ha quedado dividido por la historiografía en dos etapas muy bien definidas: la del Directorio Militar (1923-1925) y la del Directorio Civil (1925-1930), diferenciadas ambas por los dos gobiernos distintos designados por él. Con el golpe de Primo se dieron por concluidas las investigaciones para la búsqueda de responsabilidades politicas, militares y regias.

     
     
     
         
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