Desde el primer momento el general Picasso encontró problemas en su cometido de investigación de lo acontecido. A mediados del mes de agosto la comisión investigadora solicitó al general Berenguer que le enviara el plan de operaciones que había utilizado el general Silvestre en su avance por el Rif. Dámaso Berenguer preocupado que pudiera salir salpicado de las tribulaciones de Silvestre en su avance escribió urgentemente al Ministro de la Guerra alegando que lo que Picasso pedía estaba considerado materia reservada. Presionado el Gobierno y en especial el ministro con la sombra de la dimisión de Berenguer, se dictó una Real Orden -de 24 de agosto- por la cual se notificaba al general Picasso que debía de pasar por alto todo aquello que se refiriera al Alto Comisario, limitándo sus investigaciones a los actos de jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades en los casos en los que no se hubieran cumplido las obligaciones militares.

Sin embargo Picasso no aceptó de buen grado las disposiciones establecidas por el gobierno español y pocos días después escribió una carta al Ministro de la Guerra mostrándole su total desacuerdo respecto a exceptuar a Berenguer de sus investigaciones.

Ante el silencio administrativo con rerspecto a su protesta, un Picasso resignado a los acontecimientos se traslada a Melilla donde comienza a tomar las primeras declaraciones a los supervivientes del Desastre.

El informe comenzaba con el análisis de la situación del territorio de Melilla antes y al presentarse aquéllos hechos, de lo cual podían y debián deducirse las causas de los sucesos, las responsabilidades en que se había incurrido y los méritos que, como consecuencia de ciertos hechos, se hubieran podido contraer, esos múltiples aspectos hacian que no pudieran tratarse de un modo separado, sino relacionados unos con otros.

El 23 de enero de 1923, una vez concluidas sus investigaciones que se alargaron hasta nueve meses Picasso retorna a Madrid, su expediente consta de 2.433 folios. El 18 de abril el militar entregó el informe -acompañado de un resumen final redactado por él mismo- al Congreso. El historiador Abraham Reolid apunta: "La opinión pública y hasta el mismo general Picasso sospechaban que el informe resultante del expediente quedaría arrinconado en alguna oficina mientras que los culpables seguirían luciendo orgullosamente sus uniformes y sus estrellas. [...] La casta militar, corporativa y elitista, como había demostrado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de España, dificilmente podría consentir un informe que atacara directamente a sus intereses..."

A partir de este momento rogamos la máxima atención al lector ya que el expediente comienza un duro peregrinaje por diferentes estamentos y oficinas y es muy sencillo desorientarse. El Congreso manda el informe al Consejo Supremo de Guerra y Marina, que a su vez lo traslada -el 24 de abril- al fiscal militar. Después de dos días de estudio el fiscal lo devuelve al Consejo Supremo afirmando que debe pasar a Sala de Justicia por haber encontrado en el expediente suficientes razones punibles como para abrir proceso, aunque deben de ratificarse los testimonios y subsanarse las deficiencias de forma encontradas.

El Consejo Supremo constituido en Sala de Justicia remite una copia del expediente al Ministro de la Guerra, incluyen en el papeleo el informe remitido por el fiscal militar y de los acuerdos tomados por el Consejo.

En el Parlamento español se forma una Comisión de Responsabilidades, denominada la de los "Diecinueve", desde el Ministerio de la Guerra se remite al Presidente del Congreso de los Diputados un informe de los testimonios, documentos y telegramas de interés. Comenzaron en el Parlamento desde ese momento una serie de duros y exaltados debates sobre los sucesos ocurridos en la zona de Melilla, produciéndose, como no, filtraciones a la prensa que indignaron a la opinión pública, pues se reconocían bajas superiores a los 13.000 muertos.

Meses después, ya en julio de 1923, se constituyó la Segunda Comisión de Responsabilidades, formada por 21 diputados, que debía emitir una resolución en veintiún días. A estas alturas ya comenzaba a circular el rumor que el propio soberano estaba implicado directamente en el Desastre. El propio general Berenguer fue llamado a declarar ante la Comisión, pero su condición de diputado impidió -por no utilizar una palabra más explícita- que la cosa prosperase. En agosto se negó a la Comisión de Responsabilidades las actas de la Junta de Defensa Nacional, ante la marcha de los acontecimientos y la falta de acuerdo de los miembros de la Comisión, se acordó convocar al Pleno de la Cámara para efectuar una votación general sobre el asunto.

Sin embargo, ese Pleno nunca llegó a reunirse puesto que días antes el Capitán General de Cataluña, Primo de Rivera, se levantó en armas imponiéndo una dictadura militar en el país. El proceso de depuración de responsabilidades quedaba definitivamente aparcado.

Comenzará ahora otro interesante periplo en la historia del informe Picasso. Estaba claro que Primo de Rivera trataría de hacerse con él para destruirlo fulminantemente de manera que se olvidaran las responsabilidaes militares por lo ocurrido en África. Bernardo Mateo Sagasta rescató a toda prisa el expediente de los archivos del Congreso y lo ocultó en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que era director. Allí permaneció sigilosamente oculto hasta la llegada de la Segunda República, fecha en la que el propio Mateo Sagasta lo devolvió al Congreso.

A pesar de que el Rey Alfonso XIII fue procesado y condenado in absentia en las Cortes el 19 y 20 de noviembre de 1931 por delito de "lesa majestad contra la soberanía del pueblo" , fue todo por puro simbolismo pues, para ser ciertos, nada se encontró en el Expediente que pudiera hacer pensar que el soberano estaba implicado.

Desde esta página debemos desmentir una leyenda urbana que dice que el expediente ha desaparecido y que sigue encontrándose oculto en algún rincón de una perdida oficina gubernamental. No es del todo cierta esta afirmación, además del ya mencionado resumen del propio Picasso, enviado a las Cortes y publicado con carácter general en 1931, al igual que los informes de la Comisión de Responsabilidades, en 1976, Diego Abad de Santillán prologaría otra edición del expediente Picasso ( "El Expediente Picasso" , Buenos Aires, 1976).

En septiembre de 1998 se encontró una parte del Expediente Picasso en el Archivo del Congreso. Tan solo se conocen los siguientes documentos:

• El informe final o resumen redactado por el propio general Picasso, correspondiente a los folios 2171 al 2417, fechados el 18 de abril de 1922.
• El informe del fiscal militar, José García Moreno, fechado el 26 de junio de 1922.
• El informe del fiscal togado, Ángel Romanos, fechado el 28 de junio de 1922.
• Una cincuentena de declaraciones de jefes, oficiales, tropa y personal civil, correspondientes a los remitidos al Congreso el 3 de noviembre de 1922.
• Una serie de documentos y telegramas del Ministerio de la Guerra (Primera carpeta y Sección de Justicia), que fueron remitidos al Congreso de los Diputados los dias 3 y 13 de noviembre de 1922.

Según la identificación del expediente que realizó el fiscal militar en su informe de 26 de junio de 1922, faltan por conocer los siguientes documentos probablemente desaparecidos durante la llamada "Dictablanda" del general Berenguer.:

Las conclusiones del Expediente Picasso son tremendamente consecuentes; califica cláramente de negligente la actuación de los generales Berenguer (Alto Comisario) y Navarro (Segundo Jefe de la Comandancia General de Melilla y tomado como prisionero en Monte Arruit) y de temeraria la actitud del general Silvestre.

En palabras del historiador español Abraham Reolid: "España perdió una vez más la oportunidad de hacer justicia. Ante las dimensiones de la catástrofe deberían haberse depurado responsabilidades tanto militares como políticas pero los intereses de ambos sectores de la sociedad española cubrieron los hechos hasta hacerlos desaparecer [...] Dificilmente podían los políticos de la República haber realizado un estudio profundo sobre el Expediente, en primer lugar por el tiempo transcurrido, diez años, y en segundo lugar porque muchos de los políticos que ahora se sentaban en las Cortes republicanas habían estado sentados, cuando ocurrieron los acontecimientos de Annual, en las Cortes de Alfonso XIII y hubieran podido ser señalados como responsables directos de los acontecimientos..."